Conchi Catalán

Estas dos palabras “PIN PARENTAL”, aparecieron el pasado curso escolar levantando una enorme polémica en el mundo de la enseñanza. Padres, profesores, directores de colegios e institutos…todos de una forma u otra se vieron de alguna manera involucrados en algo, que hasta ese momento, nadie se había planteado.

La Pandemia y los tremendos problemas que acarreó bajaron la marea y dejó de escucharse cualquier cuestión relacionada con el famoso “Pin”.

A día de hoy, este Pin Parental, solamente se está haciendo fuerte- de momento- en la Comunidad de Murcia.

En el presente curso 20-21, de nuevo nos sorprendemos con que el Pin Parental sale a la palestra en forma de arma política condicionando apoyos y votos (como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid o Andalucía)… LAMENTABLE…

Siempre he creído que la educación debe estar libre de ideas partidistas. Blindada por un Pacto que la haga intocable y no dependiendo de los gobernantes de turno (que es lo que está pasando desde siempre en este país), pero hoy, no tendré más remedio que entrar en el tema político porque en el fondo, el Pin Parental, es un tema político, no educativo.

Pero ¿qué es el pin parental?.

El término apareció en principio en la Comunidad de Murcia impulsado por el partido VOX para definir –cito textualmente-“una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos para informar a los padres a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores”.

En definitiva de lo que se trata es de impedir o limitar la libertad y el derecho de los alumnos a asistir a charlas o talleres sobre temas como la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo, la identidad de género o el acoso escolar entre otros; es la intervención directa de los padres en el tipo de educación que deben recibir sus hijos en la escuela, incluyendo la capacidad de veto a actividades con las que no estén de acuerdo, argumentando “adoctrinamiento”.

La clave de la polémica surge en las diferentes maneras de interpretar el artículo 27 de la Constitución y en concreto algunos de sus puntos.

Dicho artículo comienza reconociendo” la libertad de enseñanza y el derecho de todos a la educación” para continuar con el punto 2 donde se dice:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Igualmente, en los puntos 3 y 5 reconoce que:

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”

En estos puntos surge toda la controversia y de manera especial en el punto 3.

Es verdad que la Constitución concede a los padres el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, pero ese derecho no puede ir en detrimento del deber que el Estado tiene de garantizar una educación en el respeto a los principios constitucionales y de convivencia democrática así como de ser el garante del derecho de todos a la educación.

Por consiguiente, ya desde la propia Constitución, se vela porque estos derechos y deberes se cumplan y así ha sido desde el nacimiento de nuestra Carta Magna. Es por tanto esta polémica del Pin Parental, como decía al principio, un arma política sin otro objetivo que enfrentar de manera innecesaria y crear un problema donde no lo hay.

La propia Ley de Educación ya tiene los mecanismos de participación y control democrático a través de los cuáles, los padres están informados y pueden opinar abiertamente a través de los Consejos Escolares, donde se aprueba la programación general anual que contiene todas las actividades programadas para el curso, así como los organismos externos al Centro que participarán en dichas actividades. De la misma manera, los padres, cuando eligen colegio para sus hijos conocen y aceptan su Proyecto Educativo.

Por otra parte, las charlas y talleres que se organizan en el colegio dentro del horario escolar son actividades complementarias que configuran un currículum básico y son “de obligado cumplimiento”. Se trata de actividades programadas por los centros educativos, que además son evaluables, están reguladas por ley y responden al proyecto educativo, a los planes de acción tutorial y a las actuaciones en el ámbito de la atención a la diversidad, todo ello aprobado por el Consejo Escolar después de conocer en su totalidad la Programación General del curso.. Así pues, no hay razón para “pedir permiso a los padres” para hacer estas actividades, porque de antemano tienen la posibilidad de conocerlas, están dentro del currículo y, por tanto, son competencia docente. Al vetar la asistencia de los chicos a dichas actividades complementarias, se está vulnerando su derecho a recibir una educación integral como exige la Constitución y además este “veto” supone una clara discriminación para aquellos niños que no tengan permiso para asistir a las actividades.

Este Pin Parental, también siembra cierto tinte de sospecha sobre la profesionalidad y el trabajo de los maestros minando de alguna manera la confianza entre las familias y la escuela y convirtiendo a esta en un espacio de confrontación ideológica por un asunto que, hasta ahora, no había provocado prácticamente ningún problema entre la Comunidad Educativa.

“La educación en el respeto a los Derechos Humanos y el medio ambiente no son elegibles por los padres ya que son necesarias en una sociedad democrática” y por tanto es imprescindible hablar de inmigración, de violencia de género, de feminismo, de cambio climático, de sexualidad o de acoso escolar en las aulas y con todo tipo de alumnado, puesto que dichas realidades pertenecen a lo que vivimos hoy en día” y de lo que nuestros niños y jóvenes no están al margen.

Por tanto, educar en el conocimiento de valores personales y sociales (que no son sólo los que quieren un tipo de padres), sino los que representan la realidad plural, social y cultural de nuestra sociedad es objetivo necesario y obligatorio si queremos una verdadera educación integral y democrática basada en el respeto, la tolerancia y la libertad.

Finalmente, considero que esta “intromisión de la política en las escuelas” es completamente negativa, que vulnera el derechos de los chicos, que genera enfrentamiento entre ellos mismos creando dos grupos diferenciados: los que asisten a las actividades y los que no.

Una medida injusta, absurda y desatinada que vulnera valores constitucionales como la inclusión, el respeto a las diferencias, la tolerancia, o la paz entre otros.