El Faro de Hellín

Pleno extraordinario

Con los votos del PP y las abstenciones de IU

No salieron adelante las alegaciones presentadas por el grupo municipal socialista para que se anulase el Presupuesto General del Ayuntamiento de Hellín que fue aprobado en el último Pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre y que tuvo como circunstancia especial la ausencia de un concejal socialista, lo que propicio que la balanza se inclinara a favor del equipo de Gobierno del PP gracias al voto de calidad del el alcalde, Manuel Mínguez.

Fue en esta ocasión la abstención de los concejales de IU la que decidió esta votación después que el secretario de la corporación, Francisco José Moya emitiera un largo y documentado informe donde propugnaba la inadmisibilidad de las reclamaciones para anular los presupuestos contenidos en dichas alegaciones.

Por su parte Javier Morcillo recordó la posición de su grupo en la referida sesión del mes de diciembre y declaró que estaba de acuerdo con las alegaciones presentadas por el grupo socialista y las apoyaban, pues ellos estaban disconformes con el contenido del Presupuesto.

Sin embargo, tras conocer el informe del secretario, con su aseveración sobre la capacidad de los representantes municipales para presentar un recurso a los Presupuestos, no pensaban ir en contra, por lo que se habían decidido por la abstención. Quiso apostillar esta intervención anunciando que si tenían alguna discrepancia presentarían informes alternativos.

Quitar un derecho democrático a los concejales

Por su parte Ramón García dejó bien clara la postura de su grupo cuando calificó de ridículo debatir si los concejales tenían capacidad para presentar estas alegaciones. Después, tras asegurar que respetaba el informe realizado por el secretario, añadió que no lo compartía su opinión ni mucho menos.

El secretario local de los socialistas  dijo que esta incapacidad para presentar alegaciones que había sacado a la luz el funcionario era la que servía de base para no admitir sus alegaciones, lo que para él era como quitar un derecho democrático a los ediles preguntándose que objetivo un grupo municipal en el Concejo.

También aseguró que esta no era la primera vez que se debatían alegaciones a unos presupuestos, citando la fecha del  17 de septiembre de 2010, cuando la entonces concejal del PP Rosa Pilar Sáez, las presentaba, fueron debatidas y admitidas a trámite y entonces nadie acusó al PSOE de querer ganar en los despachos lo que tenía que ganar en el salón de Plenos.

Más adelante la intervención del edil socialista fue tomando crudeza cuando afirmó que el propio secretario había indicado que el Presupuesto no cumplía con la legalidad vigente, añadiendo, por lo que de alguna forma se podía estar hablando de prevaricación y que el equipo de Gobierno del PP presentaba un presupuesto que no cumplía esa legalidad vigente.

Terminó esta intervención preguntándose si podría existir en todo esto responsabilidad penal, cubriéndose las espaldas al asegurar que el no lo sabía, pues no era jurista, pero se quedaba con el derecho a recurrir judicialmente por si se estaba cometiendo alguna irregularidad.

Echarse a temblar

También fue tajante Juan Antonio Moreno Moya al llegar su turno al asegurar que el Presupuesto General cumplía  todos los requisitos legales y llegaba para solucionar las necesidades del Ayuntamiento.

Con ironía, aseguró que “poco más me echo a temblar, cuando he oído la intervención de Ramón García”, añadiendo que él si se fiaba de los informes del secretario, mientras criticaba a la oposición por no haber  ejercitado sus derechos en tiempo y forma., al no presentar ni mociones, ni propuestas.

Más tarde, tras preguntar donde se apoyaba Ramón García para asegurar tan categóricamente que el Presupuesto era ilegal, le recordó que si hubiera ejercido sus derechos en el momento oportuno ahora no estarían en este salón  llevando a cabo un debate.

Tras asegurar que tanto el secretario, Francisco José Moya, como la interventora, Elisa Aroca, eran los garantes de la legalidad y la democracia de lo que sucedía en el salón de sesiones, adelantó el voto positivo de su grupo.

La nueva intervención del secretario municipal fue más concisa, cuando aseguró que cada uno interpretaba los informes como le daba la gana, pero que el suyo estaba basado en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia y punto y pelota.

Aún  quedó tiempo, antes de las votaciones, para que Ramón García afirmase que el Tribunal Constitucional, de cuyas sentencias había basado su intervención, estaba por encima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La votación, que fue nominal como ya se había anunciado, significó la no admisión de las alegaciones del grupo socialista, lo que daba vía libre Presupuesto General.