Fructuoso Díaz
Hace tres días el Congreso de los Diputados dio luz verde a la proposición de ley para reformar el artículo 49 de la Constitución. Lo que se hizo el pasado martes no fue la aprobación de esa reforma sino la toma en consideración de una proposición de ley presentada conjuntamente por el Partido Popular y el PSOE. A partir de ese momento, se iniciaba el procedimiento para que los grupos políticos presentaran enmiendas y la iniciativa pudiera seguir su tramitación parlamentaria tanto en el Congreso como en el Senado.
La reforma constitucional sustituye el término disminuido por el de personas con discapacidad. Se trata de eliminar el principio de vulnerabilidad democrática en el que se hallaba inmerso un colectivo de casi cuatro millones y medio, el diez por ciento de la población española.
Minusválidos, disminuidos, incapacitados han sido términos usados en épocas pretéritas para referirnos a personas con algún tipo de dificultad física, sensorial, psíquica. Esos calificativos peyorativos conllevan alejamiento de los principios de igualdad, libertad y el derecho a políticas de prevención, promoción e intervención en la salud de todas las personas para desarrollar y afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y aportar a la sociedad.
Hermana pobre de la Medicina
No es infrecuente escuchar a profesionales de la sanidad, tanto en programas televisivos como en actos públicos, referirse a la salud mental como la hermana pobre de la Medicina. Es la gran asignatura pendiente. Es el reconocimiento de que la sanidad pública se halla desbordada y recibir atención psicológica en un centro público es una verdadera carrera de obstáculos ante la realidad de un número insuficiente de médicos de familia, psiquiatras, psicólogos y profesionales de la salud mental. Solo un cinco por ciento del gasto total en sanidad se dedica a la salud mental en España cuando la cifra debería acercarse al veinte por ciento.
Dotar de psicólogos a los centros de enseñanza, ya desde la Primaria, sería un interesante ejercicio para acercarnos al ámbito de la atención temprana, como el momento más idóneo para iniciar el trabajo con alumnos que presenten dificultades, no solo en el campo de los aprendizajes sino también para intentar corregir determinados comportamientos cuando estos tienen mayores posibilidades de ser corregidos, para detectar lo antes posible conductas que puedan alertar de ciertos comportamientos conflictivos, aislamiento social del alumno, incluso trastornos conductuales que deban ser atendidos lo antes posible.
A inicios de octubre de 2021, el presidente del Gobierno, aprovechando la celebración del Día de la salud mental, anunció y se comprometió públicamente a presentar un plan nacional de salud mental que dotaría de presupuesto necesario para acometer así uno de los problemas más urgentes a los que se enfrenta la Sanidad española. Han transcurrido dos años y medio y nada se ha hecho en ese sentido, nada se ha sabido de aquel anuncio presidencial. Hoy por hoy, cada comunidad autónoma va por libre, unas con mejor enfoque y otras más a remolque de las necesidades. No hay un plan nacional que coordine esfuerzos y recursos.
Por responsabilidad política, por necesidad social, el desarrollo de los propósitos que se expresan en ese nuevo artículo 49 de la Constitución deben traducirse en ineludible compromiso. Es una urgente necesidad social dar un serio empujón a la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos, así como dotarlos de la protección que prevén los tratados internacionales ratificados por España.
