El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido en Toledo una reunión clave sobre la futura planificación hidrológica 2028-2033, un proceso que podría traducirse en importantes recortes de agua para el regadío y que genera una creciente preocupación en el campo y en los municipios dependientes de este recurso.
Tras el encuentro, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha advertido de que los planteamientos actuales “ponen en riesgo el futuro del sector agrario, agroalimentario e incluso el abastecimiento a poblaciones”, al aplicar criterios generales que no tienen en cuenta la realidad de cada territorio.
En la reunión han participado, además, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montse Muro; el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Julián García; el representante de la Comunidad de Regantes de Cancarix, Sur de Hellín y Tedelche, Ignacio Valcárcel; el representante de la Comunidad de Regantes La Horca-Agramón, Carlos Díaz; representantes de comunidades de regantes y usuarios de Tobarra; el representante de la Comunidad de Regantes Ontur-Albatana y alcalde de Albatana, Francisco José Mansilla; el representante de la SAT Riegos Ontur y alcalde de Ontur, Jesús López; el representante de la Comunidad de Regantes Las Colleras-Fuenteálamo, José Luis Martínez; el representante de la Comunidad de Regantes de la Sierra del Segura, Rafael Parra; y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.
Preocupación en Albacete por Segura y Júcar
Martínez Lizán ha explicado que tanto la cuenca del Segura como la del Júcar han trasladado preocupaciones comunes, como el endurecimiento de las condiciones de riego, la incertidumbre sobre concesiones, el rechazo a recortes lineales y la necesidad de una planificación basada en datos reales y en la cogestión con los regantes.
En el caso de la provincia de Albacete, la inquietud es especialmente alta en las zonas dependientes del Segura, donde la escasez de recursos es estructural, y en la cuenca del Júcar, donde se teme un recorte de hasta el 35 % del agua disponible, además de mayores dificultades para renovar concesiones.
El consejero ha defendido que el regadío de Castilla-La Mancha es mayoritariamente social y familiar, ligado a cultivos leñosos y con un uso eficiente del agua, recordando que la región cuenta con cerca del 70 % de su superficie de regadío modernizada y en riego localizado. “No se puede tratar igual a territorios que no son iguales”, ha subrayado.
La Junta anuncia batalla jurídica
Ante este escenario, el Gobierno regional ha anunciado que ya trabaja por la vía jurídica y administrativa para afrontar la aplicación de la Directiva Marco del Agua y tratar de frenar unas medidas que podrían tener un fuerte impacto económico y social.
Julián Martínez Lizán ha avanzado que el presidente Emiliano García-Page dará a conocer próximamente las actuaciones que impulsará la Junta y ha defendido una normativa europea que proteja el medio ambiente, pero que no vacíe el medio rural ni comprometa la viabilidad del campo.
El proceso se encuentra ahora en fase de alegaciones, un momento clave para intentar influir en una planificación que marcará el futuro del regadío, del empleo y de la vida en muchos pueblos de la región.
