El Faro de Hellín

Fructuoso Díaz

Pasado mañana los catalanes están llamados a las urnas. Sobre la atmósfera social, informativa y de pandemia que vivimos no aparece, en primer plano de la actualidad, la relevancia de unos comicios cuyos resultados pueden ser determinantes para el futuro no solo de Cataluña sino también para el conjunto de los españoles.

No son unas elecciones autonómicas más ni por su naturaleza ni por el alcance que pueden tener en la política española. Vienen precedidas por una serie de despropósitos que alteran la normal convivencia en un Estado de derecho y se celebrarán en un contexto de pandemia que dificulta el ejercicio de un derecho democrático como es el voto. El propio gobierno de la Generalidad ha declarado que varios miles de positivos Covid acudirán a votar, mientras que más del 25 por ciento de los llamados a formar parte de mesas electorales han planteado a la Junta Electoral diversas razones para no acudir a los colegios para las que han sido designados.

El culmen de despropósitos que nacen en la convocatoria de estas elecciones nos presenta un panorama político incierto. La inhabilitación para ejercer cargo público del independentista Torra abrió un proceso que siguió con la elección de Pere Aragonés, de ERC, como presidente de la Generalidad en funciones desde septiembre del año pasado. Él fijó la fecha del 14 de febrero para celebración de elecciones, en plena pandemia con cifras escandalosas de infectados en Cataluña. Lo hizo sin valorar los riesgos que tal decisión conlleva, desde la ausencia de previsión, algo que se exige en un político de ese nivel institucional. Después rectificó, quiso cambiar la fecha electoral al 30 de mayo, decisión que podría haber adoptado al inicio de la convocatoria, pero no lo hizo. Se presentó un recurso al cambio de fecha que establecía el decreto. La Sección 5.ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó el recurso como medida cautelar y determinó que la Ley Electoral General, que también se aplica en Cataluña, no contempla ningún aplazamiento, suspendiendo así el decreto de la Generalidad que fijaba el 30 de mayo.

Una de las consecuencuas más inmediatas de esta situación es la previsible alta abstención que puede producirse. Las elecciones serán legítimas, democráticas, pero se celebrarán en condiciones de irregularidad y, por tanto, si la abstención es elevada el resultado podría cuestionarse y utilizarse como arma arrojadiza de unos contra otros.

Esta previsible situación no ayudaría en el camino de iniciar un proceso que conduzca a la solución del problema catalán. Lo que necesita Cataluña es la exigencia de un gobierno de mayoría constitucionalista que ponga en marcha una serie de actuaciones de pedagogía social continuadas en el tiempo, un fortalecimiento de las instituciones del Estado en Cataluña, jueces, funcionarios, profesores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, medidas eficaces de gobernabilidad orientadas a la ciudadanía, eliminación de privilegos de los que hoy se sirven los independentistas para alterar la convivencia democrática, privilegios que amparan a quienes utilizan las instituciones del Estado para atacar al propio Estado, necesita Cataluña la aplicación de medidas para saneamiento y transparencia en los gastos de la Generalidad.

Las encuestas son más fiables cuando más amplio universo tienen en su aplicación y más cercana es la fecha de celebración de elecciones. La mayoría de encuestas, especiamente las que realiza el periódico d´Andorra, coinciden en señalar a ERC, JxCat y PSC como las opciones que se disputan la victoria.

Al día siguiente de las votaciones y el escenario que presente la composición del Parlamento y sobre el que puedan tejerse las alianzas para formar gobierno, encontraremos muchas de las referencias que puedan señalar el camino para vislumbrar soluciones a la situación catalana.