
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) ha dictado la Sentencia 234/2024, declarando nulo de pleno derecho el Reglamento General de Caza, aprobado mediante el Decreto 15/2022, de 1 de marzo. El fallo confirma que el Gobierno regional no solicitó el informe obligatorio del Consejo Regional de Caza, tal como exige la Ley de Caza autonómica.
Impacto en toda la región, incluido Hellín
Aunque la resolución judicial no menciona explícitamente a Hellín, el hecho de que el Reglamento de Caza haya sido invalidado afecta de manera directa a todos los municipios de Castilla-La Mancha, Hellín entre ellos. El texto anulado suponía cambios sustanciales en la gestión cinegética que podrían haber afectado la biodiversidad y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la caza.
Acusaciones de favorecer al lobby cinegético
Según Ecologistas en Acción, la intención del Gobierno regional era favorecer al lobby cinegético con modificaciones que incrementaban significativamente la presión cinegética sobre especies en declive (como la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada) y abrían la puerta a prácticas controvertidas, como sueltas masivas de perdices de granja o la realización de controles de población “encubiertos” en zonas protegidas, incluyendo el Parque Nacional de Cabañeros.
Advertencia sobre procedimientos ilegales
La organización ecologista denuncia que esta no es la primera vez que el Ejecutivo autonómico recurre a procedimientos cuestionables para aprobar normas que afectan al medio ambiente. De igual modo, se han impulsado reformas de la Ley de Caza para permitir disparar en vías públicas, facilitar proyectos de macrogranjas y plantas de biogás, o autorizar transformaciones de cultivo en zonas de especial protección de aves, sin la adecuada participación pública.
Llamamiento a la transparencia y la colaboración
Ecologistas en Acción exige al Gobierno regional y, en concreto, a la Consejería de Desarrollo Sostenible:
- Reforzar la transparencia en la tramitación de normativas ambientales.
- Respetar la participación ciudadana y los órganos de consulta establecidos en la Ley.
- Escuchar y valorar las alegaciones presentadas por ONG, colectivos sociales y otros sectores, con el fin de mejorar la calidad de las futuras normas y evitar conflictos judiciales.
“La anulación de este Reglamento evidencia la urgencia de un cambio de rumbo en la forma de legislar asuntos que afectan directamente al medio ambiente y a la ciudadanía”, concluye Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha.
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