El Faro de Hellín

María Jesús López advierte al Gobierno municipal que podría caer en el delito de Administración Desleal de Fondos Públicos

Tras la sesión plenaria llevada a cabo el pasado lunes, donde se aprobó con la firme oposición del GM de Ciudadanos, el informe de necesidades para la concentración del suministro y servicio de mantenimiento del alumbrado exterior de Hellín y pedanías, su portavoz, María Jesús López convocó una rueda de prensa a la que etiqueta de muy urgente para poder hace público lo que, dijo, no le había dado opción a explicar en la sesión plenaria.

En esta convocatoria la concejala quiso dejar en primer lugar una cosas muy clara, el equipo de gobierno, con el apoyo del Partido Popular, pretendía “externalizar” este servicio eléctrico algo que perjudicaría claramente a los ciudadanos de Hellín, dando a conocer unas cifras que no eran las más apropiadas, por lo que había pedido un periodo de cuatro semanas para poder estudiar otras opciones.

Según advertía, el alcalde de Hellín, Ramón García, como representante del equipo de gobierno no decía toda la verdad, lo primero y principal que el coste no iba a ser de 5 millones, como se había afirmado en el Pleno, sino de más de 6, contando con que el valor directo de las 7.726 bombillas LED es de 1.882.215 euros, a lo que hay que sumar los cuadros de mando con un coste de 118.948 euros, cableado, y otras instalaciones, por ello, explicó, el equipo de gobierno pretende externalizar el servicio a 13 años gastando más dinero, reiterando que no existía en el municipio de Hellín una empresa con capacidad de realizar este proyecto.

Más adelante, María Jesús indicó que muchos de los ayuntamiento que han realizado o van a realizar este proyecto de suministro eléctrico, habían optado por llevar a cabo el mantenimiento por sus propios medios, y no hacer lo que pretendía el de Hellín, con una gestión indirecta, que insistía, sería perjudicial económicamente.

También quiso señalar que este trabajo se podía llevar a cabo por el personal perteneciente a los servicios eléctricos municipales, lo que significaría otro importante ahorro, para el Ayuntamiento.

Por último dijo que este asunto podría caer dentro de un delito penal denominado Administración Desleal de Fondos Públicos, argumentando que no se había analizado ninguna otra posibilidad. Un tipo de corrupción indirecta donde, aunque no hay dinero por medio, si se busca otro tipo de beneficios con fondo político.