Hace unos meses cuando por boca de los responsables políticos del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, léase, Francisco Martínez Arrollo, consejero de Agricultura, o su director provincial, Manuel Miranda, se apuntaba la advertencia de la próxima derogación del decreto de Interés Regional, firmado por María Dolores de Cospedal, pocos días antes de las elecciones autonómicas que la apartarían de la presidencia de región, por el que se declaraba la transformación de 862 hectáreas de la SAT Regadíos del Sur de Hellín, como zona regable, con una dotación de 4,1 hectómetros cúbicos de agua, procedentes de la filtraciones del túnel del Talave, concedidas a Hellín como compensación de los perjuicios causados por el trasvase Tajo-Segura, nos hacíamos una serie de preguntas:
¿Qué pasará si el gobierno de García-Page, dictamina que el decreto no es valido y la SAT Regadíos del Sur de Hellín se ve privada de su dotación? ¿Cómo se compensará a los agricultores de esta SAT el gasto realizado en estos últimos meses? ¿Cómo se repartirán estas agua para que por fin rieguen las tierras de Hellín? ¿Quién creará las infraestructuras necesarias para que con la mayor prontitud puedan ser aprovechadas?
Ahora que la noticia, en boca del nombrado Martínez Arroyo, ha tomado visos de realidad, cuando el pasado viernes declaraba en una reunión en Albacete con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que La Administración pública agraria de Castilla la Mancha había estimado que no había justificación técnica para declarar de Interés Regional esa superficie de la SAT Regadíos de Sur de Hellín y por tanto se iba a declarar nulo ese decreto.
Sentarse con la CHS
Asimismo anunciaba el mandatario que ahora tocaba, en primer lugar, sentarse con la Confederación Hidrográfica del Segura, con la que al parecer no se había contado para nada, para recordar que antes que aprobar nuevos regadíos, estaban los derechos de los habituales regantes que tenían necesidades de agua, como eran los de Agramón, La Horca y Minateda.
No se terminaban aquí estas declaraciones pues a continuación aseguraba que los técnicos de la consejería de Agricultura, habían visitado estas parcelas “in situ” -no sabemos si han sido los mismos expertos que hace dos años realizaron la misma visita en esta ocasión informando favorablemente- y habían comprobado que el porcentaje de superficie en cultivos herbáceos era del 75%, por lo que no había ninguna justificación técnica para la concesión de agua.
Sus declaraciones las remachaba con una frase digna de enmarcar:
“La intencionalidad política no es tolerable a la hora de hablar de acceso al agua en Castilla-La Mancha”.
Recurrir a los tribunales
Como es natural, los regantes de la SAT Regadíos del Sur de Hellín, que andaban por decirlo de alguna forma, “con la mosca detrás de la oreja” y temiéndose lo peor, no tardaron en replicar, al calificar esta medida, que hay que aclarar que tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la región y publicada por el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha, de injustificada, con un claro matiz político y basada en falsedades y mentiras.
Así mismo, afirmaban que no pensaban quedarse “ de brazos cruzados” ni renunciar de sus derechos, por lo que ya habían puesto el asunto en manos de sus abogados para que en el momento que la derogación fuese oficial, presentar , en primer lugar, una demanda al Tribunal Económico Administrativo y llegar hasta donde fuera preciso.
También recordaban que la concesión era para 20 años, de los cuales ya habían transcurrido dos y a este paso, el agua nunca llegaría a tierras de Hellín.
Aquí nos recordaban lo que está pasando a la SAT del Ojeado en Isso, que consiguió otra concesión, en esta ocasión de 4,3 hectómetros cúbicos anuales, pero por falta de recursos económicos para realizar las obras de captación de aguas, siguen sin poner el marcha sus proyectos de regadíos por más ayuda que pidan a la CHS y a la Junta de Comunidades.
Ignacio Valcárcel, que era nuestro interlocutor, añadía que habían llevado a cabo, varias reuniones con las partes implicadas e incluso habían llegado a un acuerdo con los regantes del Mayorazgo de Agramón y la Comunidad de Regantes de Minateda y La Horca, en repartir la concesión de aguas; que tenían prevista una inversión de más de ocho millones de euros en infraestructuras y la creación de industrias agroalimentarias que darían trabajo a más de 250 personas, como así se lo hicieron conocer al alcalde de la ciudad, Ramón García.
Los regantes de Aguas Nuevas y El Salobral, entre otros, estarán celebrándolo una vez más. Y van… que los señores Martínez Arroyo y Miranda, alumnos aventajados de Rodríguez Zapatero, aquel político nefasto para estas tierras, pongan la cifra.
