El Faro de Hellín

El Espectador

Desde hace muchos años, el melodrama de la urbanización denominada “Las Higuericas”, ubicada en el paraje “La Herrada de las Higuericas”, junto a la maltratada Sierra de los Donceles, entre las pedanías de Agramón Y Minas, es una historia que parece abocada a su total destrucción.

Comenzó el 24 de noviembre de 2004, cuando en la sesión plenaria, extraordinaria y urgente presidida por el alcalde de la ciudad, Diego García Caro, se ratificaba un convenio urbanístico suscrito por la Corporación y la empresa Cleyton Ges S.L., para la construcción de 668 viviendas en el nombrado paraje con una superficie total de 48 hectáreas y unos potenciales 2.233 habitantes.

Unos meses más tarde, según relataba este semanario el 9 de agosto de 2014, concretamente el 9 de marzo de 2005, el Pleno municipal aprueba inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que daba vía libre al comienzo de la obra, una maniobra con el objetivo de “saltarse a la torera” la clasificación de este suelo por Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como “Suelo de Especial Protección Ecológica y Paisajística donde se prohíbe todo tipo de edificaciones de este tipo, como también el paraje estaba incluido como ZEPA, como zona de campeo de avifauna.

La empresa, sigue la historia, para tener la certeza de poder construir en este terreno no escatimó gasto ni atenciones, así la tesorería del Ayuntamiento recibía un cheque nominativo de 39.000 euros y a distintas asociaciones otros tantos talones de 800 euros, sin olvidar un viaje a Londres a gastos pagados.

Complicaciones y tribunales
Pero no tardaron en complicarse las cosas, primero fue la organización “Ecologista en Acción”, que presentó en septiembre de 2007 una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, contra la decisión del delegado provincial de Medio Ambiente, por la que se eximía a la urbanización “Las Higuericas” del trámite de evaluación del impacto medioambiental. El Juzgado daba la razón a los ecologistas por lo que la licencia de construcción quedó anulada.

Después, ocho meses más tarde, ocho concejales del PP de Hellín, presentan otra denuncia en el mismo Juzgado que el 11 de noviembre que también se falla a favor de la anulación el acuerdo.
La reacción de la empresa ante estas decisiones fue recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con el fin de anular estas sentencias, pero tuvieron que esperar 14 meses, exactamente el 4 de marzo, para que este organismo judicial les diera la razón.

Enseguida, como era de esperar, se puso en marcha la dura venganza contra el partido de la oposición, al que García Caro, calificó su actuación como “Alocada, irreflexiva, imprudente y dolosa, que además iba acompañada por la maldad y la mala fe, han causado un daño sin precedente a Hellín (…)”.

Daños colaterales
Pero con lo que no contaba ni el alcalde justiciero, ni los hombre de Cleyton Ges, que fueron calificados por el ex concejal , Antonio Callejas, como “Aquellos pintas, con mal pelaje, que parecía sacados de la portería de cualquier discoteca costera, subidos a mercedes último modelo, con chicas de alquiler y unos ingleses ingenuos que llegaban con el slogan de sol, montaña y lago para comprar cortijos en España” , era la crisis económica y el reventón de la burbuja inmobiliaria que llegó a todas partes y que llevó a la empresa constructora: Dragados y Construcciones, por falta de fondos monetarios para continuar, a abandonar definitivamente el proyecto, y dejaba lo construido en manos de la Caja del Mediterráneo, absorbida más adelante por el banco de Sabadell.
Luego llegaron las “madres mías”: Cleyton Ges fue denunciado por medio centenar de compradores ingleses, en los juzgados de su país primero y después en Hellín, consiguiendo que les devolvieran 1,5 millones de euros; hubo demandas de antiguos empleados ante los responsables de la empresa, desaparecidos, sin domicilio conocido.

El 6 de septiembre llegaban a las puertas de la urbanización, al frente de un grupo de trabajadores, dos personas que se identificaron como Pedro Jiménez, que dijo ser el dueño de la empresa Cleyton-Ges y un viejo conocido, Enrique Ros, que reaparecía por Hellín, después de unos años, cuando era considerado el hombre fuerte de otra empresa de “feliz recuerdo: Cash Minateda”, con el propósito de continuar las obras. Nos les dejaron entrar los guardias jurados que cuidaban las obras desde el 2009 y la cosa quedó en una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Para la Caja de Mediterráneo tampoco le fueron bien las cosas, ya que desapareció del panorama bancario.