El Faro de Hellín

Por Fructuoso Díaz 

Asediaron edificios públicos y comisarías, apedrearon a guardias civiles, golpearon a policías, hirieron a 431 agentes, ocuparon el aeropuerto, provocaron hechos muy graves que tensionaron la vida ciudadana y obligaron a la fuerza pública a realizar cargas y usar gases lacrimógenos ante la dureza de los altercados, que se prolongaron varios días.

Hicieron una declaración unilateral de independencia de Cataluña tras un referéndum ilegal  el 1 de octubre de 2017, basándose en una ley que vulneraba el propio Estatuto catalán porque la aprobación de esa ley requería dos tercios de votos de los diputados, mayoría que no tuvo la votación parlamentaria. Realizaron el referéndum a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional, lo hicieron en contra de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenó incautar todo el material relacionado con el referéndum. La Comisión Europea corroboró la ilegalidad de este referéndum.

Dirigentes políticos catalanes inductores, organizadores y ejecutores del procés fueron detenidos, enjuiciados, sentenciados y condenados por el Tribunal Supremo, tras un proceso con todas las garantías. Después, fueron indultados por el Gobierno. 

Hay independentistas imputados por malversación de dinero público, presuntamente utilizado para financiar actuaciones ilegales en relación con el procés, en unos casos, y también por otros motivos.

Piden quince mil millones de euros al Estado Español

Ahora, asistimos a un bochornoso espectáculo que tiñe la vida pública de perplejidad ante el chantaje que ERC y Junts exigen a Pedro Sánchez para darle los votos que faltan para su investidura. Exigen que se apruebe una ley de amnistía que los exonere de toda responsabilidad,  con las condiciones impuestas por los propios independentistas. Según el periódico La Vanguardia, la amnistía beneficiaría a unas cuatrocientas personas. Otra condición es que la amnistía se extienda también a las personas imputadas por presunta comisión del delito de malversación de dinero público. Además, que se perdonen quince mil millones de euros, que es una parte de la deuda que tiene la Generalitat con el Estado Español.

Pedro Sánchez ha empezado a manifestar cierta inquietud ante las exigencias que, cada día, le viene poniendo Puigdemont, el prófugo que ahora se deja ver en televisión, a cada momento, en una exhibición caudillista porque sabe que tiene la llave en su mano. Algunas fuentes del PSOE señalan que el presidente del Gobierno manifiesta ya cierta ansiedad, porque  quiere cerrar cuanto antes el compromiso de Puigdemont y contar con sus votos en el pleno de la investidura, sin los cuales no sería investido presidente. Esa ansiedad, que se palpa en ambientes cercanos al presidente en funciones, inducen a pensar que Sánchez está dispuesto a dar a Puigdemont cuanto pida, lo que sería un escándalo de consecuencias impredecibles.

Amnistía ¿para qué? La razón de esa amnistía no es resolver el problema catalán, que existe desde hace siglos y su análisis merecería otras entregas. Tampoco sería el interés nacional, es porque Sánchez necesita los votos del prófugo de la Justicia para seguir como presidente.

 De aprobarse, esa amnistía no sería un punto final al problema catalán sino el inicio de un rosario de nuevas exigencias independentistas, cuyo desenlace no sería la convivencia.

La amnistía no supondría solo investir al presidente del Gobierno, porque después hay todo un proceso para gobernar el país, sorteando o aceptando las exigencias de los amnistiados, que no han expresado su compromiso de cesar en sus interminables exigencias; al contrario, vienen declarando que harán la autodeterminación, que están en contra de los poderes del Estado, rechazan la Constitución. La alianza con Puigdemont no tiene futuro de estabilidad.

Crisis política, social, institucional

De producirse esa amnistía en los términos conocidos, la crisis política, el ambiente social e institucional, la paz social, en definitiva, la vida de los ciudadanos se vería seriamente alterada.   Podríamos estar en puertas de una crisis sin precedentes en la historia de la democracia española. La polarización política, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, el Gobierno, Congreso, Senado, los partidos con gresca aumentada, la excitación social y problemas de orden público que generaría esa situación serían inimaginables. Aprobar una ley así, con los contenidos que de ella conocemos, podría convertirse en el inicio de un serio enfrentamiento entre los poderes del Estado, lo que nos llevaría hacia el desmantelamiento del Estado de Derecho y, por tanto, de los principios que inspiran nuestra Constitución.

Indulto y amnistía

Escuché la semana pasada un interesante programa en una radio nacional. Intervenía un  catedrático de Derecho Constitucional, un juez y dos magistradas. Disentían en determinados puntos pero en lo que sí estaban de acuerdo era en la naturaleza y alcance jurídico del indulto y lo que significaría esa anunciada amnistía. Coincidían en afirmar que el indulto no anula el juicio ni la condena, solo deja sin efecto el cumplimiento de la sentencia. El indulto perdona la pena, o una parte de ella, a la persona condenada. La amnistía borra las condenas que han pasado antes o después de un proceso, suprime la acción penal y también la pena, dejando sin validez la condena. Mientras que el indulto perdona la pena, la amnistía perdona el delito. En el indulto la persona sigue siendo culpable y no se extingue su responsablidad civil, pero en la amnistía la persona ya no es culpable. El indulto está contemplado en la Constitución, la amnistía no.

Señalaban juristas que una amnistía así significaría que las resoluciones de los jueces, en el proceso seguido ante el Tribunal Supremo contra los independentistas, fueron contrarias a Derecho, que las sentencias de los magistrados del Supremo fueron una arbitrariedad, lo que supondría un deterioro del Estado de Derecho establecido en la Constitución que, en su artículo 117.3 remarca la competencia exclusiva de jueces y tribunales: <<El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes…>>.

 ¿Por qué no puede el presidente hacer una declaración pública para expresar su desacuerdo con las exigencias de los independentistas y, por responsabilidad, y para no tolerar  chantajes al Estado, rechazarlas? Después, convocar elecciones y ganarlas.