El Faro de Hellín

Antonio García

… Que dijo Alfonso Guerra allá por el 1985, cuando el partido socialista tenía mayoría parlamentaria y aprovechó para reformar la Ley del Poder Judicial. Montesquieu ha muerto y ha sido enterrado. Y desde luego, por lo que hoy se va viendo, no volverá a levantar la cabeza.

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu murió en el año 1755, pero su espíritu vivía, o lo intentaba, plasmado en su ensayo “El Espíritu de las Leyes”. Afirmaba la existencia de tres poderes independientes entre sí: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Como es fácil comprender, el primero hace las leyes, el segundo juzga los desafueros e incumplimientos y el tercero hace que se ejecuten o se castigue su quebrantamiento.

Pero también advertía que «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente. De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor.»

En la España actual el juez, desde luego, no es legislador. Pero mucho me temo que, en numerosos casos políticamente “delicados”, está sometido, manipulado o amenazado por el legislador. Es decir, por el Parlamento y, en su caso, el Gobierno de turno.

El pasado 12 de Mayo les contaba en este mismo periódico la historia del juez Fernando Ferrín Calamita, con cuyo linchamiento dejaron constancia, bien a las claras de la muerte de Montesquieu. Y hoy vamos a hablar de la juez Mercedes Alaya. Esta mujer siempre me ha atraído por su seriedad, su profesionalidad y su impresionante capacidad de trabajo. Hasta que un día saltó a la fama con el sobrenombre de <<la juez de los ERE>>. Publicidad que, con toda seguridad, ella no buscaba.

Todos ustedes saben que fue la juez que instruía el caso, o casos de los ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales, etc. Todos ellos considerados <<macrocausas>>. Pero he aquí que un día, demasiado cerca de descifrar el corrupto tejemaneje, los señores Pepé y Pesoe, en amor y compaña para la ocasión, decidieron unánimemente apartarla de camino tan peligroso. ¡Y nada menos que en la votación producida en el seno del Consejo General del Poder Judicial!

Tras un período de mutismo y convalecencia, la señora Alaya decidió romper su silencio, con un par, como ella es. Y largó por su boca, para que todos los españolitos nos enteremos, bien enterados de que el señor Montesquieu está enterrado bien profundo, y a este no lo van a desenterrar, -como quieren hacer con Franco-, porque a nadie le conviene.

Las maniobras, peripecias y argucias que utilizaron para quitársela de en medio no vienen al caso. Pero se la quitaron.

Nos cuenta, entre otras cosas, que había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde se habían encontrado hechos muy graves. ¿Miedo? ¿Quién tenía miedo y por qué? Soy tan ingenuo que no lo entiendo, no atino a responderme, pero seguro que ustedes tienen la mosca detrás de la oreja. Y si alguien temía los resultados de la investigación llevada hasta sus últimas consecuencias, ¿dónde estaba la independencia del Poder Judicial?

Mercedes Alaya nos cuenta así mismo que la independencia del Poder Judicial no está muerta, pero se encuentra “aquejada de grave enfermedad”, yo diría que en la UCI y con respiración asistida.

En España, nos comenta, tenemos un sistema judicial que en teoría puede darle mil vueltas al de cualquier otro país europeo. En teoría. Porque en la práctica, resulta que el CGPJ está politizado –es decir, enguarrado-, y el Fiscal General es un funcionario, osea, que lo pone el Gobierno. Y resulta que el Ministerio Fiscal es normalmente la parte “acusadora” en los delitos contra la Administración. O sea, los delitos llamados de corrupción.

Todos somos iguales ante la Ley, pero como dice el sabio pueblo, unos más que otros. Una Ley que cargará con todas las de la ídem sobre cualquier delito ordinario, pero que se lo piensa media docena de veces, o más, si los personajes imputados tienen poder. Y en más de una ocasión, como en esta “comedia andaluza”, parece ser que se lo está pensando demasiado. O están más preocupados de confeccionar el tupido velo que cubra las vergüenzas descubiertas de personajes facinerosos, empresas “amigas” y políticos corruptos que, no se por qué, me huelo que no escasean.

En fin, amigos, lo que decíamos, qué caro sale a veces ser honrado e incorruptible.

Unamuno decía: “¡soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo!”. Pero sonó claro su lamento: <<ME DUELE ESPAÑA>>, sintiendo una honda puñalada en el amor a su patria.