El Faro de Hellín

Celebramos el trigésimo noveno aniversario de la Constitución y, mientras unos ponderan sus virtudes y otros resaltan sus defectos, hay quienes la presentan, directamente, como la responsable de todos sus males e incluso la definen como franquista.

Hay partidos que se consideran “guardianes de sus esencias”, intentan divinizarla y se la apropian, aunque no siempre estuvieron a favor de la misma. Otros argumentan la necesidad de modificarla, y algunos le muestran su desprecio.

El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprendimos a hablar en libertad, supimos, entre otras cosas, que los ciudadanos tenemos derechos, no sólo obligaciones y, con el paso de los años, también hemos aprendido una importante lección: que las libertades hay que ganarlas día a día, so pena de verlas limitadas o de perderlas.

Desde la perspectiva que dan los años, debemos valorar la importancia que para nuestras vidas ha tenido la Constitución, aprobada con un gran consenso y apoyo popular, pero no es aceptable ignorar algunos hechos, por mucho que nos avergüencen, o por mucho que nos convenga adaptarlos a la realidad de nuestros días.

Hoy estoy convencido de que, en aquel momento, se hizo la mejor Constitución posible y que, gracias a ella y al consenso de entonces, hemos disfrutado de un importante periodo de libertades, el más amplio de la historia de España.

Pero la España de 2017 no es la de 1978, muchas cosas han cambiado y ello debe quedar reflejado en nuestra Constitución, que ya ha sido reformada en dos ocasiones: la primera fue planteada conjuntamente por todos los grupos de la cámara, para permitir el derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, con el fin de adecuar la legislación española al Tratado de Maastrich. Y la segunda, la más reciente y conflictiva, realizada de urgencia en el verano de 2011, fue presentada por PP y PSOE, para la reforma del artículo 135 de la Constitución “con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria”, o lo que es lo mismo, para priorizar la estabilidad presupuestaria frente al gasto social. En el congreso se presentaron 24 enmiendas y 29 en el Senado, sin que se aceptara ninguna de ellas por los dos partidos mayoritarios.

Las reticencias reformistas españolas contrastan con lo ocurrido en los países democráticos de nuestro entorno y, en especial con Portugal, cuyo texto fue aprobado dos años antes y ya ha realizado siete reformas. Alemania la ha modificado en 60 ocasiones, 30 Irlanda, 24 Francia. Austria ha promovido más de un centenar de enmiendas y revisiones, y Estados Unidos 27.

Sólo modificando y actualizando nuestra Carta Magna, que nació en un tiempo distinto, adaptándola a la nueva sensibilidad de todos los españoles, se podrá avanzar hacia un texto reconocido y aceptado por la mayoría y que perdure durante muchas décadas más. Pero ello sólo se conseguirá con un amplio consenso político que no impida, como se hizo con las dos reformas anteriores (especialmente la segunda por la importancia de la misma), dar la palabra al pueblo español, con el fin de que la ratifique en Referéndum.
​6/12/2017 © PEPE GARCÍA