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Continúa la polémica entre el Ayuntamiento y la empresa BSIC-Explotaciones SL.

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Continúa la polémica entre el Ayuntamiento y la empresa BSIC-Explotaciones SL.

Por la puesta en servicio de una nueva gasolinera

Continúa la polémica entre el Ayuntamiento de Hellín a través de su concejalía de Urbanismo, de la que es responsable el edil socialista, Juan Antonio Andújar y la mercantil BSIC Explotaciones S.L, representada por su gerente, Laureano Juan- Dalac, en este cambio de argumentos por la construcción de una gasolinera en la salida del casco urbano, donde se inicia la carretera de Murcia.

Si unos días atrás publicamos el primer escrito enviado por el referido gerente y la réplica realizada en una rueda de prensa del concejal de Urbanismo, que llegaba a la sala de prensa arropado por sus compañeros del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde de la ciudad, Ramón García, donde de forma rotunda aseguraba que tanto los servicios judiciales como los técnicos municipales consideraban correcta el otorgamiento de licencia, aclarando que el Ayuntamiento no era competente para pronunciarse en cuestiones referentes a la propiedad de terrenos, cuya competencia correspondía a la jurisdicción civil.

Por último anunciaba que : el Ayuntamiento de Hellín no puede consentir que se ponga en la más mínima duda su honorabilidad por lo que anunciamos que se va a adoptar las medidas legales oportunas para interponer una querella criminal contra Laureano Juan- Dalac Fernández por una denuncia falsa interpuesta.

El escrito firmado por el gerente de BSIC Explotaciones SL., dice lo siguiente:
Mediante el presente escrito queremos contestar a la noticia publicada en vuestro medio El Faro de Hellín titulada “Polémica por la puesta en servicio de una nueva gasolinera en Hellín”. En ella comparece ante los medios el Sr. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento perteneciente al Grupo Municipal del PSOE D. Juan Antonio Andújar Buendía.
En primer lugar deseamos aclarar que la denuncia interpuesta en el juzgado por la sociedad mercantil a la que represento al Sr. Concejal, se basa en la cuestionable autorización por parte del Ayuntamiento de una obra ilegal que incumple claramente la normativa urbanística vigente. Algo que ha soslayado en varias ocasiones, la última de ellas el mismo día de su comparecencia.
En concreto y literalmente, el texto de nuestra denuncia dice lo siguiente: “El motivo por el cual se trata de una construcción ilegal es que el terreno en el que se encuentra la obra está calaficado como suelo rústico. Al mismo tiempo el terreno está incluido supuestamente en el Registro de la Propiedad a otro contiguo que tiene una construcción consistente en una nave cuya superficie ocupa 2.189 m2. Además de la nave hay un almacén y dos oficinas. La superficie construida total anterior a la gasolinera es de 2.670m2. Siendo la superficie de la finca 14.900 m2 y encontrándose en suelo no urbanizable ésta ya incumple sobradamente la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha. Por lo tanto si la superficie construida sobrepasa los límites de superficie construible no es posible en el marco legal actual la construcción y la concesión de licencias de obra nueva ampliando la superficie construida. Se adjuntan copias de la nota simple del Registro correspondiente al terreno así como del detalle catastral de la superficie construida como pruebas número 7 y 8.”
Es decir la cabida de la finca resulta del todo insuficiente para la nueva construcción, tratándose de un posible delito de prevaricación urbanística desde el momento en que el Ayuntamiento tiene conocimiento de la obra ilegal sin tomar las medidas que está obligado a ello para estos casos. En concreto así se lo hicimos saber al Sr. Concejal en nuestro escrito de fecha 24 de Enero. También admite la concesión de las licencias en su respuesta de fecha 19 de Marzo haciendo caso omiso de nuestras advertencias de la construcción ilegal de la gasolinera.
Por lo que se refiere a la propiedad y dado que pueden verse afectadas terceras partes nos reservamos el derecho de argumentarlo debidamente en el juzgado. En cualquier caso queremos matizar que la cuestión de la acreditación del derecho bastante para el caso que nos ocupa se convierte en algo secundario pero a la vez agravante del posible delito denunciado.
Para terminar deseamos añadir que lamentaríamos profundamente un posible enfrentamiento judicial con el Ayuntamiento motivado por la actitud de su Concejal. También cabría cuestionar llegado el momento a quién corresponda, el coste económico que podría suponer a los ciudadanos de Hellín la pérdida de un caso judicial como este. Sobretodo dadas las evidencias documentales debiendo considerar el papel de responsable civil subsidiario que le corresponde al Ayuntamiento de cuantos daños y perjuicios se pudieran reclamar. Por nuestra parte aprovechamos la ocasión y este medio para reiterar nuestra petición al Ayuntamiento de que se suspendan inmediatamente las licencias indebidamente concedidas.
Laureano Juan-Dalac Fernández Administrador solidario
BSIC EXPLOTACIONES SL

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